Los muertos que adquirían medicamentos

Farmacia sanidad

La descordinación entre las administraciones públicas es uno de los muchos problemas de España. El brazo izquierdo no sabe en qué anda metido el derecho, y a la inversa. La comprobación de algunos datos por parte de los organismos reguladores correspondientes no es, en muchos casos, todo lo efectiva que debería.

El último ejemplo de lo que cuento nos lleva a la sanidad pública española. Leo en El Huffington Post que los ministerios de Hacienda y Sanidad han cruzado recientemente informaciones, dando resultado a un descubrimiento inesperado: en nuestro país existen 150.000 tarjetas sanitarias activas a nombre de personas fallecidas.

En el transcurso de una entrevista con la agencia estatal de noticias EFE la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha admitido que un número considerable de estas tarjetas habrían sido utilizadas para obtener medicamentos de forma gratuita, lo cual es obviamente un fraude al Estado. La señora Farjas no ha querido explicitar el número exacto de estafas detectadas.

Pero no acaba aquí la cosa, oigan. Los datos arrojan una cifra más demoledora si cabe: 800.000 titulares de tarjeta constaban como beneficiarios en el registro, pero no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Una cuarta parte de ellas figuraban como pensionistas, por lo que no desembolsaban ninguna cantidad por sus medicinas.

Parémonos a pensar. En España existen 150.000 difuntos con ‘capacidad’ para ir a la farmacia más próxima y llevarse a casa una buena pila de pastillas. Con el sobrecoste que ello conlleva a las exiguas arcas de la sanidad pública. Y hasta ahora, con motivo de la implantación del copago sanitario, nadie se había preocupado de vigilar este fraude a gran escala sobre uno de los pilares más dañados del Estado del Bienestar.

Llámenme alarmista, o demagogo. Pero a mi entender mantenemos una Administración mastodóntica, que se estorba a sí misma a la hora de realizar sus funciones. Cada poco tiempo saltan a los titulares noticias sobre operaciones policiales dadas al traste por la incomunicación entre Policía Nacional y Guardia Civil, o de presos que quedan en libertad por errores judiciales, al traspapelarse un documento entre viajes de oficina en oficina, y entre ministerio y ministerio.

No hemos de irnos tan lejos: en cualquier ayuntamiento en que deseemos realizar una gestión un funcionario nos solicitará papeles compulsados por el compañero de la mesa de enfrente, cuando no nos pida probar datos que podría conocer de primera mano pulsando un botón de su (‘nuestro’) ordenador.

La España del “vuelva usted mañana”, como de forma mordaz la describió el maestro Larra. Y mientras eso ocurre un servidor puede consultar en cualquier momento y en tiempo real las estadísticas de este vuestro blog, con decenas de funciones y tablas distintas.

Mientras el presidente del Gobierno necesite meses (y millones de euros) en auditorías para conocer el balance de las cajas de ahorro (con incierto resultado, todo sea dicho), y mientras el Ministerio de Economía pueda presentar cuentas públicas falseadas a Bruselas, en lugar de monitorizar los resultados económicos de la Administración día a día (tecnología para ello sobra), miles de fallecidos continuarán saliendo de sus tumbas de forma periódica para llevarse una caja de Paracetamol de la farmacia. O dos.

Y la mecánica oscura que rige España seguirá sumiéndonos en el pozo, cada vez más profundo. Se cerrarán más centros de salud en Cataluña, en La Rioja no cesará el debate sobre si atender o no a enfermos allende sus fronteras autónomas. La solución se encuentra en un término obvio en los países de norte de Europa, y que ahora blanden nuestros políticos como arma arrojadiza en congresos y debates. Transparencia.

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Acerca de Francisco Reina

Periodista y bloguero. Política, economía, tecnología, actualidad, música y literatura.
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